El Pentágono utilizó dinero destinado a cubrebocas para fabricar motores de avión y chalecos antibalas

Ese cambio muestra cómo una iniciativa respaldada por los contribuyentes para combatir el coronavirus, el cual ha matado a más de 200,000 estadounidenses, fue desviada en cambio a enmendar lo que desde hace tiempo se percibían como carencias en el abastecimiento militar.

La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso hace unos meses, le otorgó dinero al Pentágono para “prevenir, prepararse y responder al coronavirus”. Pero pocas semanas después, el Departamento de Defensa comenzó a modificar la manera en la que repartiría el dinero, una muy diferente a la intención original del Congreso.

Los pagos se realizaron, aunque funcionarios de salud estadounidenses afirman que aún quedan importantes carencias de financiamiento que atender en respuesta a la pandemia. Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, afirmó en un testimonio en el Senado la semana pasada que los estados necesitan desesperadamente 6,000 millones de dólares para distribuir vacunas a los estadounidenses a comienzos del próximo año. Muchos hospitales de Estados Unidos todavía enfrentan una grave escasez de mascarillas N95. Estos son los tipos de problemas que el dinero, en principio, pretendía resolver.

“Esto es fundamental para saber si tenemos prioridades presupuestarias que realmente atienden nuestra seguridad pública o si tenemos un gobierno concentrado en intereses especiales”, dijo Mandy Smithberger, analista de defensa de Project on Government Oversight, un organismo fiscalizador.

Funcionarios del Departamento de Defensa sostienen que han buscado lograr un equilibrio entre impulsar la producción médica estadounidense y apoyar la industria de defensa, cuyo bienestar consideran fundamental para la seguridad nacional. El Pentágono, que hasta 2016 empleaba a más de 156,000 personas solo en el área de adquisiciones, también ha prestado su experticia al Departamento de Salud y Servicios Humanos en su búsqueda por adquirir miles de millones de dólares en equipos médicos necesarios.

“Estamos agradecidos de que el Congreso haya proporcionado competencias y recursos que le permitieron al poder Ejecutivo invertir en la producción interna de recursos médicos críticos y proteger a las capacidades claves de defensa de los estragos causados por el COVID-19”, dijo Ellen Lord, subsecretaria del Pentágono para adquisiciones y mantenimiento, a través de un comunicado. “Tenemos que recordar siempre que la seguridad económica y la seguridad nacional están estrechamente vinculadas, y que nuestra base industrial es en realidad el nexo que las une”.

Este artículo está basado en una revisión de registros públicos, anuncios de contratos individuales, testimonios en el Congreso y entrevistas con personas involucradas en las decisiones de gastos. Luego de que The Washington Post reportara sobre los cambios del financiamiento el 22 de septiembre, dos demócratas de la Cámara de Representantes solicitaron una investigación y la realización de audiencias públicas sobre el asunto, cuestionando la legalidad de la manera como se utilizó el dinero y calificándolo de “inaceptable”.

El fondo de 1,000 millones de dólares es apenas una fracción de los tres billones de dólares en gastos de emergencia que el Congreso aprobó hace unos meses para enfrentar la pandemia. Sin embargo, es una muestra de cómo el torrente de dinero de rescate fue —en algunos casos— redirigido a empresas que en principio no fueron el objetivo de la asistencia. También demuestra lo difícil que ha sido para los funcionarios hacer un seguimiento de cómo se gasta el dinero y —en el caso del Congreso— intervenir cuando se realizan cambios. El gobierno del presidente Donald Trump ha hecho muy poco para limitar el acceso de las compañías de defensa a múltiples fondos de rescate al mismo tiempo, y no les está exigiendo a las empresas que se abstengan de realizar despidos como condición para recibir el dinero.

Algunos contratistas de defensa recibieron el dinero del Pentágono incluso cuando ya se habían beneficiado de otra fuente de fondos de rescate, el Programa de Protección de Cheques de Pago.

El Congreso, por petición del presidente Trump, está debatiendo aprobar otro paquete de estímulo económico, y el Pentágono y los contratistas de defensa han solicitado que se destinen 11,000 millones de dólares adicionales a sus programas.

El fondo de 1,000 millones de dólares fue asignado gracias a la Ley de Producción de Defensa (DPA, por su sigla en inglés), la cual le permite a Trump obligar a las compañías estadounidenses a fabricar productos que sean del interés de la nación.

Trump ha descrito la ley como un “gran martillo” y se jactó en agosto de haber “utilizado la DPA de manera más completa que cualquier otro presidente en la historia”. Durante la primavera, su gobierno recibió una intensa presión para que utilizara la ley para resolver la grave escasez de máscaras de calidad médica y otros suministros.

Pero en los meses siguientes a la aprobación del paquete de estímulo, el Pentágono cambió la forma en la que se invertiría el dinero. Decidió darle a los contratistas de defensa cientos de millones de dólares del fondo, en su mayoría para proyectos que poco o nada tienen que ver con la respuesta al coronavirus. Los abogados del Departamento de Defensa determinaron rápidamente que el dinero podía utilizarse para producción de defensa, una conclusión que el Congreso cuestionó después.

Entre las adjudicaciones: 183 millones de dólares a empresas como Rolls-Royce y ArcelorMittal para mantener activa la industria de la construcción naval; decenas de millones de dólares para tecnología de satélites, drones y de vigilancia espacial; 80 millones de dólares para una compañía de repuestos de aviones en Kansas que venía sufriendo las consecuencias de la inactividad del Boeing 737 Max y de la reducción mundial de viajes aéreos; y dos millones de dólares para un fabricante nacional de tela para uniformes de gala del Ejército.

El Comité de Asignaciones de la Cámara, controlado por los demócratas, ha dejado claro que la decisión del Departamento de Defensa de canalizar los fondos de la DPA a contratistas de defensa fue contraria a su intención original según esa sección de la Ley CARES, que establece estimular la fabricación de equipo de protección personal.

“La expectativa del comité era que el departamento abordaría la necesidad de activar la capacidad industrial de equipos de protección personal en lugar de utilizar los fondos para la base industrial de defensa”, escribió el comité en su informe sobre el proyecto de ley de defensa de 2021.

Las autoridades del Pentágono respondieron que en todo momento han sido completamente transparentes con los demócratas y republicanos en el Congreso sobre sus planes con el dinero.

Funcionarios del Departamento de Defensa afirman que las prioridades de financiamiento del Pentágono se vieron fuertemente influenciadas por un estudio sectorial realizado en 2018. El estudio, impulsado por una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump y por el asesor económico Peter Navarro, y llevado a cabo en estrecha consulta con asociaciones de la industria de defensa, señaló cientos de deficiencias en la cadena de suministro que podían entorpecer la capacidad del ejército estadounidense de competir con China.

Cada año, el Pentágono recibe fondos bajo la Ley de Producción de Defensa para fortalecer a las compañías que consideren esenciales, pero en cantidades mucho más pequeñas: la asignación para 2020 fue de unos 64 millones de dólares. El dinero es desembolsado por la oficina de política industrial del Pentágono por mandato del Título III de la ley, la cual le otorga al presidente la autoridad plena para movilizar la industria nacional.

El financiamiento en respuesta a la pandemia “se convirtió en una oportunidad para que el departamento aprovechara lo que es prácticamente una ganancia inesperada y la utilizara para tratar de satisfacer algunas necesidades críticas de base industrial… pero que están relacionadas solo de manera tangencial con el COVID-19”, dijo Bill Greenwalt, un miembro visitante del conservador American Enterprise Institute, quien supervisó las adquisiciones de defensa durante el gobierno de George W. Bush.

El financiamiento relacionado con el virus llegó en un momento en el que el gasto militar de Estados Unidos ya se acercaba a sus puntos máximos históricos. El presupuesto de defensa de 686,000 millones de dólares para el año fiscal 2019 es comparable con un año típico durante la Guerra Fría o con el periodo cercano al 11 de septiembre de 2001, aunque su porcentaje dentro de la economía ha disminuido un poco. Los principales contratistas de defensa como Lockheed Martin, General Dynamics y Northrop Grumman se han mantenido financieramente saludables a pesar de algunas interrupciones relacionadas con la pandemia, hasta el punto de que han seguido pagándole dividendos de acciones a sus inversionistas.

Los grupos de la industria de defensa alegan que los beneficios otorgados por el Departamento de Defensa son cruciales para garantizar que los fabricantes de nichos importantes no desaparezcan durante el colapso económico causado por la pandemia. Por ejemplo, las compañías que venden piezas para aviones tanto militares como comerciales se han visto arruinadas financieramente por la reducción global de los viajes aéreos.

“Cuando se pierden algunas de estas capacidades, algunas desaparecen para siempre, y volverlas a crear tiene un precio muy alto”, dijo Wes Hallman, vicepresidente de políticas de la Asociación Industrial de Defensa Nacional, un grupo comercial.

Más de un tercio de los beneficios fueron por menos de cinco millones de dólares y fueron destinados a empresas más pequeñas como American Woolen Co. en Connecticut, la cual recibió dos millones de dólares para ayudar a fabricar uniformes de gala del Ejército. Los ejecutivos de la empresa no contestaron correos de voz ni correos electrónicos. Un lote de pequeñas adjudicaciones fueron destinadas a empresas que trabajan en tecnología de drones.

“En la raíz de todo esto estuvo una enorme crisis sin precedentes que estuvimos enfrentando, y la necesidad de que el gobierno actuara rápido, lo cual hizo”, afirmó Eric Fanning, exsecretario del Ejército y presidente de la Asociación de la Industria Aeroespacial.

Sin embargo, cientos de millones de dólares también fluyeron hacia varias empresas grandes y establecidas, como GE Aviation, una filial de General Electric, la cual recibió dos beneficios por un valor total de 75 millones de dólares en junio. Una subsidiaria de Rolls-Royce recibió 22 millones de dólares para actualizar una planta en Mississippi.

Rolls-Royce no respondió a preguntas específicas sobre el dinero recibido.

“Este financiamiento logró sacar adelante el trabajo planificado en los contratos firmados existentes entre GE Aviation y el gobierno de Estados Unidos, y es una manera importante de ayudar a garantizar que nuestras actividades de ingeniería y la cadena de suministro, que incluye a muchas empresas pequeñas y medianas, puedan continuar cumpliendo con las fuerzas armadas, mantener sus empleos y apoyar la economía”, dijo Perry Bradley, portavoz de GE Aviation.

Los críticos afirman que no queda claro por qué la industria de defensa debería haber obtenido lo que equivale a un fondo de rescate especializado cuando muy pocos otros sectores de la economía recibieron el mismo trato.

Además, los datos del gobierno muestran que al menos 10 de las aproximadamente 30 empresas que se sabe han recibido fondos de la DPA del Departamento de Defensa también recibieron préstamos a través del Programa de Protección de Cheques de Pago, otro paquete de ayuda creado por la Ley CARES. Ese programa, supervisado por la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, ofreció préstamos condonables a millones de empresas, con la condición de que utilizaran la mayor parte en sus nóminas.

Por ejemplo, Weber Metals, una filial de la empresa alemana Otto Fuchs con sede en California, recibió entre cinco y 10 millones de dólares a través del Programa de Protección de Cheques de Pago en abril para respaldar 412 puestos de trabajo, y luego recibió un impulso adicional a través de una ayuda de 25 millones de dólares del Departamento de Defensa en junio. Los directivos de Weber no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La portavoz del Departamento de Defensa, Jessica Maxwell, afirmó que los dos programas de rescate “no están en conflicto ni son duplicados”, porque un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago no establece ninguna directriz con respecto al apoyo de la defensa nacional.

ModalAI, una pequeña empresa de California que construye controles de vuelo de drones y plataformas informáticas, recibió tres millones de dólares a través del programa del Pentágono para una iniciativa de 18 meses para desarrollar un nuevo control de vuelo. En abril, recibió un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago de entre 150,000 y 350,000 dólares.

Chad Sweet, director ejecutivo y cofundador de ModalAI, dijo que la propuesta de la compañía tenía tiempo planificada: habían comenzado a solicitar el financiamiento del Pentágono desde el verano pasado, varios meses antes de la llegada de la pandemia. El proceso ganó tracción en marzo y abril.

El Departamento de Defensa le pidió a ModalAI documentación que respaldara que su negocio había sido afectado por la pandemia, así como información sobre otros fondos de ayuda que había recibido. Luego, el Pentágono tomó la decisión unilateral de que el dinero para ModalAI saldría de los fondos de la Ley CARES.

“No sé cómo tomaron esa decisión”, afirmó Sweet. Dijo que su compañía ha sido capaz de contratar alrededor de cinco a siete empleados como resultado del dinero otorgado por el Departamento de Defensa.

El Pentágono sí tenía planificado al principio gastar la mayor parte del fondo de 1,000 millones de dólares en suministros médicos. En abril, Lord le dijo a los periodistas que las tres cuartas partes se destinarían a recursos médicos, y el resto a contratistas de defensa.

Pero en junio, durante una audiencia en el Congreso, Lord le dijo a los legisladores que el departamento se había dado cuenta al poco tiempo que los contratistas de defensa “también tenían necesidades críticas”.

Entonces, los abogados del Departamento de Defensa aprobaron un acuerdo mediante el cual unos 17,000 millones de dólares del fondo del Departamento de Salud y Servicios Humanos se utilizarían para la industria médica, liberando así más dinero para los contratistas de defensa.

“Eso expande los fondos y nos permite utilizar incluso más dinero mientras tomamos el saldo de los 1,000 millones de dólares que llegó para el Título III de la Ley de Producción de Defensa, y usamos una parte de eso para la base industrial de defensa”, dijo Lord en la audiencia. Al final, en el plan de gastos que el Pentágono presentó al Congreso en junio, se reservaron 688 millones de dólares para la industria de la defensa.

Thomas Spoehr, director del Center for National Defense de la Fundación Heritage, afirmó que los funcionarios del Pentágono sostienen que han invertido todo el dinero posible en la iniciativa por producir los suministros médicos necesarios para combatir la pandemia.

“Están convencidos de que ya se ha realizado cualquier inversión posible para aumentar la producción de artículos para el COVID-19”, dijo.

Una compañía mediana que se benefició del dinero otorgado por el Departamento de Defensa fue SolAero Technologies, una firma de Albuquerque que fabrica sistemas satelitales de energía solar y emplea a unas 320 personas.

Cuando llegó la pandemia, la firma se vio atrapada entre las grandes compañías a las que abastece, las cuales ralentizaron la producción, y las empresas más pequeñas —a menudo dependientes del dinero en efectivo y que conforman sus propios proveedores— a las que intentaba apoyar, dijo el director ejecutivo Brad Clevenger.

Alrededor de marzo, la compañía tuvo noticias de la oficina de Lord, la cual estaba conversando con contratistas de defensa para entender cómo los estaba afectando la pandemia. SolAero trabajó con el Pentágono para averiguar si la compañía calificaba para otros programas de ayuda, lo cual no fue así, dijo Clevenger.

A finales de mayo, el Pentágono anunció un aporte de seis millones de dólares a SolAero para expandir su producción. Clevenger elogió el proceso, del cual dijo había involucrado múltiples niveles de revisión, pero aun así había logrado entregar la ayuda necesaria en dos meses.

En el comunicado de prensa en el que anunció el acuerdo, el Departamento de Defensa afirmó que el financiamiento “le permitiría a SolAero mantener las capacidades críticas de la fuerza laboral durante la interrupción causada por el COVID-19 y restaurar algunos empleos perdidos debido a la pandemia”. Clevenger estimó que la ayuda salvó los puestos de trabajo de 25 empleados de SolAero.

Sin embargo, el Pentágono no le impuso a SolAero la condición de que se abstuviera de realizar despidos para recibir el dinero. Lo único que se le pidió fue que cumpliera con el proyecto acordado, dijo Clevenger. “Cómo logramos eso, y con qué fuerza laboral, depende de nosotros”, dijo.

Neena Satija y Alice Crites contribuyeron a este reportaje.

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