La salida de Pedro Castillo le da una inesperada oportunidad a la democracia peruana

A su lado, un hombre mayor, de traje gris y corbata a rayas, se encuentra hundido en el mismo sofá. Tiene el gesto arisco, cansado o aburrido. La acción transcurre en una oficina genérica y en la imagen puede verse, como es habitual en las dependencias gubernamentales del Perú, unos cuantos símbolos religiosos y patrios.

Podrían estar aguardando su turno para cualquier trámite rutinario, esperando a ser recibidos por alguna autoridad o haciendo tiempo, resignados, ante la demora de un funcionario estatal. Pero no, se encuentran en una dependencia policial y su suerte, política y legal, está completamente echada, aún cuando nada en esa imagen en particular, en sus gestos, invite a pensarlo.

El primer hombre es el expresidente peruano Pedro Castillo, quien casi tres horas antes, a las 11:48 de la mañana del miércoles 7 de diciembre, en Lima, anunció en un sorpresivo mensaje a la Nación que disponía “disolver temporalmente el Congreso de la República”, “instaurar un gobierno de emergencia excepcional” y “convocar en el más breve plazo elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes”.

En el mismo mensaje, y con una energía inusitada, Castillo declaró “en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional”. El breve mensaje de Castillo, de poco más de 10 minutos, no dejó lugar a dudas: el todavía presidente estaba lanzando un autogolpe de Estado.

En los días previos a este mensaje, y ante una nueva amenaza de vacancia por incapacidad moral que debía definirse este miércoles en el Congreso, distintos medios peruanos elucubraron acerca de la posibilidad de que el presidente Castillo estuviese buscando apoyos en las Fuerzas Armadas para emprender una aventura golpista.

En ese momento, la precariedad institucional peruana llevaba a pensar que cualquier intentona de esas características podía suponer el final de los 22 años de democracia que el país viene disfrutando desde la caída de la dictadura Fujimorista en el año 2000. Por suerte, no fue así.

Llegó el miércoles 7 de diciembre y, cuando finalmente el todavía presidente Castillo se lanzó a la piscina, rápidamente descubrió —y los peruanos con él— que la piscina no solo no tenía agua sino que no había nadie para ayudarlo a ponerse en pie luego del trastazo que se pegó contra el suelo.

Tras el mensaje de Castillo, uno a uno, los miembros de su gabinete ministerial le dieron la espalda públicamente. Al término de su mensaje ni un solo tanque, vehículo militar, comando, batallón o similar se había acercado al Congreso. A la media hora de enunciada la intentona golpista, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional peruanas emitieron un comunicado donde rechazaban el esperpento perpetrado por el presidente.

Exactamente tres horas después de que Castillo pronunciara la palabra “disolver” refiriéndose al Congreso, esa misma institución consiguió destituirlo con 101 votos a favor.

Por una vez en la ya prolongada crisis política peruana, desatada en el año 2018 con la renuncia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que nos ha llevado a tener seis presidentes en los últimos cuatro años, las instituciones democráticas del país estuvieron a la altura y se alinearon para resistir el improvisado y estrambótico intento de golpe de Estado que, nos enteraremos en los próximos días cómo o por qué, lanzó en solitario un presidente desesperado.

Pedro Castillo ha sido arrestado y tendrá que enfrentar a la Justicia, que lo procesa por el delito de rebelión. Es de esperar que en los próximos días la Fiscalía sume nuevos cargos. Tras su destitución, asumió la presidencia Dina Boluarte, hasta esta mañana vicepresidenta de la República.

En su discurso de toma de posesión, la primera presidenta mujer de la historia del país, llamó a una “una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional” y pidió “un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno”. Es demasiado pronto para saber si el Congreso o la ciudadanía peruana están dispuestos a concedérselos. Lo que sí sé es que, de la forma menos esperada, la endeble democracia peruana ha recibido una nueva oportunidad para resetearse y, a través de acuerdos que hasta ayer mismo parecían imposibles, reconstruir la institucionalidad que hemos venido derribando irresponsablemente en los últimos años.

Pese a todo y ante la sorpresa de muchos, incluido yo mismo, nuestro precario régimen democrático ha sido capaz de responder ante el embate más duro que ha recibido en años. Harán falta ahora reformas profundas que garanticen su supervivencia. Ojalá seamos capaces todos, líderes políticos y sociedad civil, de estar, a partir de ahora también a la altura de las circunstancias. Visto lo visto de un tiempo a esta parte, me cuesta pensar que vayamos a tener muchas más oportunidades así en el futuro.